Este lunes, 19 de marzo, el Defensor del Pueblo ha presentado tanto a la presidenta del Congreso de los Diputados como al presidente del Senado su Informe 2017. En referencia a «La economía en España. Las consecuencias de la crisis» presenta esta situación:

«Un malestar social ha crecido en el seno de la sociedad española, que inclusive alcanzó a los años en los que se experimentó la recuperación de la economía. Por ello, carece de sentido político pretender que se acepte la existencia de una mejora económica sin un mayor bienestar y con menos derechos. La crisis ha dado origen a un pozo de desigualdad sin precedentes. El golpe que en muchos hogares se recibió fue tan contundente que hizo que las clases medias se sintieran amenazadas, pues el impacto que les llegaba podía llevarlos hacia la pobreza.

A los pobres de toda la vida, el empujón que experimentaron les desplazó directamente hacia las zonas de exclusión. Esta desigualdad, no es la consecuencia de un hecho inexorable y predeterminado, sino que es el resultado al que se llega por la aplicación de unas políticas concretas y específicas que han actuado como un corrosivo, dañando al entramado institucional y a la cohesión social. Por ello, hay que actuar para hacerlas retroceder.

Para el Defensor del Pueblo es un error suponer que cuando se sale de la crisis se reduce por sí sola la desigualdad. Esta lacra solo podrá corregirse si se lleva a cabo una política activa y decidida de redistribución de la renta. Por eso, al Defensor del Pueblo le preocupa que se pretenda mantener las políticas de austeridad, que se ha demostrado que conllevan la caída de las rentas más bajas y el aumento de la pobreza más severa.»

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